La Municipalidad presentó un recurso de per saltum a los efectos de que se determine la validez o no de la resolución municipal 2.135 que prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas en fiestas de fin de curso. La empresa beneficiada con el fallo había acordado de antemano la entrega de un bono de $25 a cada egresado en caso de que su presentación judicial tuviera resultado positivo, como sucedió.

La Comuna presentó ayer un recurso de per saltum a los efectos de que la Justicia determine la validez o no de la resolución municipal 2.135 que prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas en las cenas y recepciones. Esta semana se conoció un dictamen del Juzgado Civil y Comercial Nº 12 haciendo lugar a una medida cautelar presentada por una empresa, que habilita la comercialización de bebidas alcohólicas, y el escenario cambió por completo.

La resolución judicial que habilita a una de las empresas organizadoras a vender alcohol en este tipo de eventos continúa alimentando la polémica entre la Comuna, el empresariado y ahora también cobran protagonismo los tutores, quienes ya comienzan a observar el espíritu lucrativo de las organizaciones ante la repentina suspensión de una cena a pocas horas de conocida el fallo de la Justicia.

En comunicación con un medio local, el asesor legal de la Municipalidad, Justo Pío Sierra, confirmó que ayer a la mañana se presentó un recurso de per saltum a los efectos de que la Justicia establezca la validez o no de la resolución municipal, ya que sostienen que la situación amerita una rápida intervención y por ello desistieron de la apelación o revocatoria del fallo del juez Teller Reyes.

Por su parte, el intendente Fabián Ríos se refirió a la medida judicial y dijo que “el fallo del juez dice que el mayor tiene derecho a consumir alcohol y que nadie puede cortarle ese derecho; eso es hacerse el estúpido y mirar para otro lado, no me vengan con formalismo, si atacamos la cuestión del formalismo caemos en el mismo error de antes, cuando alguien se mate con su auto van a decir que la Municipalidad no controla”, advirtió.

Al tiempo que la Comuna hizo esta presentación, un empresario local informó en contacto con El Litoral que está preparando una presentación judicial a fin de contar también con este tipo de habilitación y en consecuencia poder expender bebidas alcohólicas a los mayores de edad.

“Nosotros nos sentimos sumamente afectados ante la imposición de la Comuna porque sólo se prohibió en las recepciones y en las cenas de los egresados y no en otro tipo de eventos. Sin ir más lejos, hace poco hubo un herido de arma blanca tras una fiesta municipal en la costanera”, sostuvo Luis Esquivel, empresario local.

“No sé por qué pretenden aplicar esta media tan arbitraria, hace 6 ó 7 años no tenemos ningún accidente fatal, violencia o desmanes en este tipo de encuentros”, afirmó y agregó que “estamos recibiendo aprietes de todo tipo porque no estamos de acuerdo cuando la Comuna habilita en las recepciones universitarias la ‘canilla libre’, lo que sí podría terminar en tragedia”, advirtió.

En cuanto a la cantidad de eventos programados y la habilitación para la realización de los mismos, dijo que “el precio que pagamos para poder hacer los eventos ronda los 40.000 pesos, que es un costo alto.

Nosotros tenemos 7 fiestas programadas y las hemos vendido sin alcohol porque así lo había impuesto la Municipalidad”.

En lo que respecta a la empresa que ha sido beneficiada por el dictamen judicial, El Litoral pudo saber que la misma tiene programado este tipo de eventos hasta fin de año y según se informó extraoficialmente la cena de egresados que debía realizarse el martes pasado fue suspendida porque la Comuna impuso la contratación de 12 inspectores comunales, como así también de más personal de seguridad privada y personal policial, elevando el costo organizativo del evento unos 30.000 pesos aproximadamente.

A diferencia de la Municipalidad, que alega que la empresa no llegó con los tiempos que implicaba armar la estructura para la fiesta y en consecuencia le resultó fácil responsabilizarla por la suspensión.

Según trascendió, la empresa en cuestión acordó con los egresados que en el caso de que la Justicia le permitiera vender bebidas alcohólicas, ellos les retribuirían un porcentaje del valor de las tarjetas que tienen un costo de $250, y la empresa ante la resolución habilitante ahora le otorgará un bono de $25 por cada entrada adquirida.

Costos

Según informaron algunos tutores, la empresa Yapiré vende las entradas para la cena a un valor de $300 para el egresado, $100 la anticipada y $150 en puerta el día de la fiesta. Mientras que la entrada para la recepción es gratuita para el egresado y su acompañante. Para el resto del público interesado en acudir al evento, hay que abonar $250 por el ingreso.

Otros gastos que deben considerarse son la reserva de la mesa, que incluye en este caso 8 sillas a un valor de $250, con la posibilidad de colocar otras dos con un costo de $30 por cada una.

También se informó que la venta de las tarjetas se realiza de 10 a 16 en costanera y Quevedo. Sin embargo, tutores del Colegio San José expresaron su malestar a El Litoral por el aglutinamiento de gente que se produjo el miércoles pasado, ya que estaban a la venta las entradas para todos los colegios, por lo cual tuvieron que permanecer varias horas bajo el rayo del sol para poder conseguir el pase a los diferentes eventos.

Fuente: El Litoral