La Fundación Ibera Patrimonio de los Correntinos presentó la Apelación contra la Sentencia dictada por el Juzgado Civil y Comercial N° 12, que rechazó el Amparo con Medida de No Innovar contra el Senado de la Provincia. Dicho recurso busca suspender la aprobación del proyecto de Ley que impulsa la cesión de jurisdicción provincial de los Esteros del Ibera en manos de la Nación, para la creación de un Parque Nacional.

Presentaron la Apelación al fallo emitido por el Juzgado Civil y Comercial N° 12, que rechazó el Amparo presentado por la Fundación Ibera Patrimonio de los Correntinos para suspender el tratamiento legislativo del Proyecto de Ley que impulsa ceder a la Nación terrenos de los Esteros del Ibera. El objetivo de la iniciativa propiciada por Sergio Flinta es crear un Parque Nacional.

“Esperamos que el juez Pablo Martín Teler Reyes conceda el recurso pronto para que la Apelación del Amparo y la Medida Cautelar lleguen a conocimiento urgente del Superior Tribunal de Justicia”, sostuvo la abogada patrocinante de la Fundación, Sonia López.

En la presentación se cuestiona que el juez de primera instancia no haya advertido gravedad institucional en el proyecto que ya tiene media sanción en el Senado, y busca transformarse en Ley en la Cámara de Diputados.

En el escrito se advierte que la cuestión sometida “atañe a todo Corrientes, ya que se altera los límites territoriales de la Provincia al cederse una porción importante de su Jurisdicción y Dominio Eminente a la Nación”.

A la vez, se critica al juez Teler Reyes por haber rechazado el Amparo “sin requerir un informe al Honorable Senado de la Provincia sobre todos y cada uno de los hechos denunciados como irregular”.

Las cuestiones que se denuncian en el tratamiento que tuvo el proyecto de Ley en el Senado son: la violación que hace la iniciativa hacia varios artículos de la Constitución provincial. El más importante es el número 66, que reza “los Esteros del Ibera son un Recurso Estratégico de los Correntinos, cuyo manejo corresponde a perpetuidad de la Provincia”.

También es anómalo el Anexo 1 que figura en el proyecto por “las numerosas irregularidades de las propiedades ofrecidas, muchas de ellas usurpadas del dominio público y tantas otras con miles de hectáreas de diferencia entre lo inscripto en Catastro y lo registrado en el Folio Real”.

También “se denuncia la falsa votación del Senado del mapa de la cesión de territorio, ya que fue votado y lo hicieron ahora, como se demuestra en el Orden del día de la última sesión de Diputados cuando recién ingresaron el mapa”, sostuvo Sonia López.

Asimismo se asegura que el proyecto de Sergio Flinta transgrede lo dispuesto por el artículo 2° de la Constitución Provincial. El mismo dispone “toda ley que se dicte modificando la jurisdicción actual de la provincia sobre parte de su territorio, ya sea por cesión, anexión o de cualquier otra manera, deberá ser sancionada dos veces por ambas Cámaras Legislativas”.

“Se requerirá que la primera y segunda sanción estén espaciadas por un período legislativo, exigiéndose en ambas oportunidades los dos tercios de votos del total de los miembros de cada Cámara”, detalla la norma que fue usada para la creación del Parque Nacional Mburucuyá.

“En este caso se quiere ceder parte del territorio correntino con una Ley, cuyo tratamiento sea solo de dos meses y con una sola aprobación de ambas Cámaras”, dijo López.

Además, “se está negando el derecho a la participación directa de la ciudadanía dispuesta por la Constitución Nacional, Provincial y las Leyes ambientales, ante cualquier modificación del estatus de protección ambiental sobre los recursos naturales o actos públicos o privados que puedan impactar sobre el medio ambiente”, su puntualiza en la Apelación.

Por último se desmiente la afirmación realizada por el juez en su fallo, donde dice que no es evidente un daño o perjuicio en particular que amerite el Amparo y la Medida de No Innovar.

“Hay una presión ilegal que se ha incrementado desde la presentación de este Proyecto en el Senado”, se relata en la Apelación, donde se cita el caso de la Familia Benitez del Paraje Ñu Pi.

“Le quemaron el rancho hace dos semanas y le dejaron una nota diciendo que se vaya porque el campo ya está vendido, estando radicada la denuncia en la Comisaría de Concepción”. Las tierras donde viven los Benitez y otras familias originarias “fueron inscriptas en Catastro por Sofía Heinonen, representante de Conservation Land Trust (CLT)”.

CLT es la Sociedad Anónima creada por el magante norteamericano, Douglas Tompkins. “Esto es ilegal porque las adquisiciones de estas tierras fueron hechas luego de sancionada la reforma constitucional del 2007, donde se protegen los derechos de los pobladores originarios de los Esteros, y se prohíbe la venta de tierras que rodean este recurso naturales a extranjeros”, explicó Sonia López.