Los aberrantes hechos se produjeron a lo largo de varios años en un colegio católico de esa provincia, destinado a niños con hipoacusia de familias de bajos recursos.

Después de un acto por los derechos del niño que se llevó a cabo en la Legislatura de la provincia de Mendoza, Luis, un integrante del movimiento de sordos de Mendoza y de la Federación Argentina de sordos, se acercó a la senadora provincial por la UCR Daniela García y le dijo, «usted nos tiene que ayudar con los niños y niñas. Hay abusos en un instituto y yo conozco a una persona que puede atestiguar».

Ese fue el punto inicial de la denuncia sobre abusos sexuales de sacerdotes a menores de edad con problemas de hipoacusia que conmocionó al país. A partir de ese momento, el Instituto Antonio Próvolo quedó en el centro de la escena y el caso se expandió en los medios nacionales.

García escuchó la acusación y acudió a la vicegobernadora, Laura Montero y al procurador Alejandro Gullé para motorizar la denuncia y la posterior investigación. «El procurador me explicó que si o si tiene que haber una testigo o una víctima porque es un delito de instancia privada. Era la única forma para que él pueda sacar a los supuestos culpables y proteger a los niños que estaban dentro del instituto», le contó la senadora.

El último viernes García acompañó a la testigo para que hiciera la denuncia y contara lo que había vivido en la institución. «Tenía miedo porque los padres no sabían que ella sabía», contó la senadora. Dos intérpretes la ayudaron a declarar y a hacer la denuncia. En poco tiempo, sus acusaciones tomaron estado público y el caso estalló.

«Cuando el caso sale en los medios, empiezan a contactarse otras personas conmigo. Y se produjo una cosa terrible. Empezaron a aparecer más casos, muchos testigos y muchas víctimas», explicó la legisladora, quién aseguró que hasta ese momento no conocía el Instituto Próvolo.

García indicó que «cuando surgió la denuncia, se encontró que había otra denuncia del año 2008 a la que no se le había dado curso y que hoy forma parte de la causa». Hoy hay cinco personas detenidas, dos sacerdotes y tres empleados de la institución, y otras cinco personas que tienen prohibido el acercamiento al establecimiento.

«El Poder Judicial intervino la escuela y suspendió la residencia de los chicos. Hay algunos padres que ya decidieron sacar a sus hijos y llevarlos a otro instituto», contó, sobre las primeras repercusiones después de la denuncia de abuso sexual.

La senadora de la UCR aseguró que se comunicaron con ella desde todos los sectores políticos y se pusieron a disposición. «Nos afectó a todos. Esta situación nos ha horrorizado», afirmó. Y agregó, «quiero justicia. No puedo solucionar las problemáticas que han vivido esos niños y niñas, ni todo lo que ha sucedido. Pero si puedo colaborar, como lo hice, para darle asistencia a las víctimas a través de los organismos del Estado».

García explicó que junto a sus compañeros de bancada están estudiando cuales son las competencias, y quiénes son los que controlan este tipo de instituciones. «¿Quién pide los antecedentes de las personas que están en la institución?», se preguntó. La justicia mendocina comenzó a desandar el camino para conocer que pasó en el Instituto Antonio Próvolo, un lugar de donde las familias hoy quieren huir.

El caso

Un caso de múltiples abusos sexuales a niños discapacitados causó conmoción en toda la provincia de Mendoza durante los últimos días. Tres hombres fueron detenidos y acusados de haber abusado de jóvenes residentes de un internado para chicos con un cuadro de hipoacusia grave.

Se trata de dos sacerdotes y un empleado del Instituto para niños hipoacúsicos Antonio Próvolo, de Luján de Cuyo. Los acusados fueron señalados como los responsables de haber cometido violaciones y otros tipos de ataques sexuales sobre decenas de menores y durante años.

La denuncia fue presentada por la senadora provincial Daniela García, quien tomó nota del caso a raíz del relato de algunos integrantes de la agrupación Movimiento de Sordos de Mendoza. Por orden del procurador general de la provincia, Alejandro Gullé, algunas de las víctimas prestaron declaración mediante la ayuda de un intérprete de lenguaje de señas y sus testimonios condujeron a las detenciones de los acusados, el viernes por la noche.

Si bien no se pudo determinar la identidad de los detenidos, se trata de un sacerdote de 82 años, que permanecerá las próximas semanas en prisión domiciliaria; de un párroco de 56 años, que quedó detenido en una unidad de la localidad de Carrodilla, y un interno que, según las primeras versiones, habría sido «obligado» por los otros dos acusados a practicar violaciones a las víctimas.

«El caso no es fácil porque, además del miedo que tenían los denunciantes, necesitaban comunicarse a través de un intérprete», afirmó la senadora García al diario digital MDZ Online.

De acuerdo con la investigación, se estima que los abusos se iniciaron en 2007 y entre las víctimas hay mujeres y hombres, muchos de los cuales ya son adultos.

La primera denunciante, que se puso en contacto con Daniela García durante el acto social, reveló no haber sido abusada por los acusados, pero ayudó a la Justicia a encontrar a víctimas de los ataques sexuales que finalmente se animaron a dar su testimonio mediante el lenguaje de señas.

El caso salpicó al propio Arzobispado de Mendoza, ya que el Instituto Próvolo depende de él: «Nos entristecen e indignan dichos sucesos. Manifestamos nuestra solidaridad y cercanía con las víctimas de los hechos objeto de la denuncia. Apenas conocida la noticia de estos sucesos, fueron informadas las legítimas autoridades del Instituto, quienes deberán iniciar el debido proceso canónico establecido por la Iglesia para estos delitos denunciados», afirmó el arzobispado mendocino mediante un comunicado oficial.

El propio Instituto Antonio Próvolo se mostró cooperativo con los investigadores de la causa desde el primer momento, mientras que los presos no presentaron resistencia de ningún tipo en el momento de su detención.

Fuente: Infobae