Podrían obtener los datos del titular y los usos del dispositivo. Sería sólo en caso de que haya un requerimiento judicial. En particular, para el caso de delitos que conlleven riesgo de muerte.

Desde el Gobierno comenzaron a trabajar en una iniciativa para que las telefónicas faciliten los datos de sus clientes siempre y cuando haya un requerimiento judicial.

La idea es favorecer el intercambio de información, sobre todo cuando se trate de delitos con riesgo de muerte para algunas de los actores involucrados. Según se remarca en el comunicado oficial, se informarán datos relativos «al titular, así como de su uso preservando las garantías de las personas».

«El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presidieron una reunión de la que también tomaron parte el Secretario de TIC s, Héctor Huici y el presidente de ENACOM, Miguel de Godoy, en la que se convino trabajar en conjunto en la identificación del titular de las líneas de telefonía celular, así como agilizar el suministro de información sobre su uso a requerimiento judicial», se destaca en el informe.

También estuvieron en el encuentro Julio Carlos Porras, de Claro; Federico Rava de Telefónica de Argentina y Alejandro Quiroga Lopez de Telecom Argentina, quienes acordaron colaborar con las medidas necesarias para identificar a sus clientes particularmente aquellos con línea prepaga.

Desde el ministerio subrayan que solo se trata de un primer encuentro y que la idea es que, eventualmente, se sumen a este proyecto las otras compañías de telefónicas. Destaca, a su vez, que se trata de una iniciativa para sumar seguridad.

De todos modos, hasta el momento sólo se trató de una reunión y todavía no hay ningún lineamiento ni directivas específicas sobre esta cuestión.

El tema es, cuanto menos sensible, y es materia de discusión a nivel mundial. Quizás uno de los casos más emblemáticos, sea la batalla legal que se entabló entre Apple y el Gobierno de Estados Unidos, luego de que el gigante de Cupertino se negara a desbloquear el iPhone de uno de los atacantes de San Bernardino (California) que en diciembre de 2015 mató a 14 personas y dejó más de 20 heridos. Es que la empresa alegó que no lo hacía porque buscaba así preservaba el derecho a la privacidad del usuario.

El caso fue a la justicia y Apple salió ganando. Finalmente el FBI decidió pagarle a unos hackers para que accedieran al dispositivos. Pero más allá del resultado legal de este caso, la situación intensificó un debate que ya lleva un tiempo y que tiene que ver con cuáles son los límites que se deben tener en cuenta a la hora de cuidar los derechos a la intimidad.

De hecho, en Estados Unidos comenzaron a surgir compañías que están elaborando sistemas para deshacerse de la información de sus clientes. Todo para evitar tener que atravesar una situación como la que pasó Apple.