El gobierno promulgó la ley ómnibus, que fuera sancionada por el Congreso Nacional un mes atrás. Las claves para entender de qué se trata.

El Gobierno oficializó hoy la ley ómnibus que establece el pago de los juicios a los jubilados y el blanqueo de capitales, un mes después de su sanción en el Congreso, donde fue votada por amplia mayoría tanto en Diputados como en el Senado.

El denominado «Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados» se publica hoy en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

La norma no sólo establece el fin de los juicios de los jubilados contra el Estado -que comenzarían a pagarse a partir de septiembre- y el «sinceramiento fiscal», sino que también establece la devolución del 15% de la coparticipación que la Casa Rosada le retenía a las provincias para financiar la Anses.

Con la ley de pago a los jubilados -que Macri había anunciado en mayo- se beneficiaría, según datos oficiales, a 2,4 millones de beneficiarios, entre jubilados que tienen sentencia judicial firme, aquellos que iniciaron juicios aún en trámite y quienes nunca demandaron.

La norma también crea una pensión graciable a la vejez para mayores de 65 años, equivalente al 80% de la jubilación mínima, con cobertura del PAMI incluida.

Los acuerdos entre el Estado y los jubilados podrán celebrarse «en los casos en que hubiera juicio iniciado, con o sin sentencia firme, y también en los que no hubiera juicio iniciado», a la vez que establece que los convenios «deberán ser homologados judicialmente, para lo cual se prescindirá de la citación de las partes», según la norma.

En tanto, se crea una Comisión Mixta de Control y Prevención de la Litigiosidad Previsional, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para analizar los casos «no contemplados en los acuerdos transaccionales».

Nueva ley de jubilaciones

Otro de los puntos importantes del megaproyecto sancionado el mes pasado es la creación del Consejo de Sustentabilidad Previsional, «que tendrá a su cargo la elaboración de un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto».

El debate sobre una nueva ley jubilatoria levantó la polémica en los últimos días, luego de que el titular del PAMI, Carlos Regazzoni, declaró que «las personas de 65 años están muy bien y pueden seguir trabajando».

Para financiar los pagos a los jubilados, el Gobierno ahora dispondrá del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, cuyas acciones podrá vender. Este fue uno de los cuestionamientos que hizo la oposición, principalmente el Frente para la Victoria.

Las claves del blanqueo

El régimen de exteriorización de capitales permitirá declarar bienes o divisas que no están declarados ante la AFIP, a cambio del pago de una tasa general del 10%, que en el caso de los inmuebles se reduce al 5% y que es del 0% si se realiza a través de la compra de bonos públicos a tres y siete años. Además, las sumas blanqueadas en efectivo hasta $ 305.000 también pagarán el 0% y hasta $ 800.000 el 5 por ciento.

Está previsto que comience a funcionar en agosto y estará abierto hasta el 31 de marzo próximo, aunque el Poder Ejecutivo tiene la facultad de extender el plazo.

A los contribuyentes que no tienen sus bienes declarados, les permitirá exteriorizar los bienes que están «en el colchón», para poder realizar inversiones en forma justificada ante el fisco. A cambio, esos contribuyentes ya estarán en adelante «en el radar» de la AFIP, teniendo que pagar impuestos por los bienes declarados.

Más allá de la mencionada posibilidad de poder realizar inversiones o gastos justificados, el contexto internacional favorece el proyecto, porque desde 2017 comenzará a regir el intercambio automático de información tributaria entre más de 50 países -y otros 50 en 2018-, por lo que cada vez será más difícil «esconder» bienes o dinero no declarado en otros países. Además, la AFIP tiene decenas de convenios de este tipo firmados a nivel bilateral, entre ellos con importantes plazas financieras como Uruguay y Suiza. Por ahora, Estados Unidos no firmó un acuerdo bilateral con el país no se sumó al convenio multilateral.

El anterior blanqueo, que rigió entre 2013 y 2015, tenía instrumentos muy acotados (como el Cedin y el Baade), sólo permitía blanquear divisas (no pesos) y obligaba a ingresar el dinero del exterior. En este caso, el menú del blanqueo es mucho más amplio y no exige el ingreso de las divisas al país, sin un costo extra. Además, el contexto de políticas macroeconómicas favorece una mayor confianza por parte de los contribuyentes que las vigentes durante el kirchnerismo. Por esta razón, las estimaciones rondan entre los US$ 20.000 millones y los US$ 60.000 millones, frente a los US$ 2500 millones captados durante el anterior blanqueo.

A diferencia de otros blanqueos, se establece que los contribuyentes que hayan cumplido con sus obligaciones tributarias correspondientes a los dos períodos fiscales inmediatos anteriores al período fiscal 2016, gozarán de la exención del impuesto sobre los bienes personales por los períodos fiscales 2016, 2017 y 2018, inclusive.

Con respecto al impuesto a los bienes personales, se fija una alícuota decreciente, hasta llegar al 0,25% en 2018, junto con un piso de $ 800.000 este año, $ 950.000 el próximo y $ 1.050.000 en dos años para el pago de bienes personales.

Fuente: La Nación