Tres personas de la fuerza de seguridad, bajo la lupa judicial por lavado. Una investigación interna de la PSA que derivó en una causa penal.
Una investigación interna de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) derivó en una causa judicial por lavado de dinero y otros delitos económicos en la que ahora están imputadas seis personas (otras siete, bajo sospechosa), entre ellos, uniformados y numerarios de esa fuerza de seguridad: un oficial en servicio, un retirado y un personal civil.
Las averiguaciones comenzaron a fines del año pasado cuando el titular de la Unidad Operacional de Seguridad Aeroportuaria Preventiva de Resistencia, Juan Ramón Fioravanti, recibió una comunicación extraoficial por parte de un administrativo de la sucursal de Corrientes del Banco de la Nación Argentina, en la que daba a conocer manejos sospechosos de dinero por parte de dos personas que prestan servicios en esa fuerza de seguridad.
Concretamente fue el gerente de la filial bancaria, Delio Luciano Ulon, quien comentó el llamativo movimiento de las cuentas bancarias de Laura Giselle Andreau, numeraria de la PSA, y de un subordinado de esa institución, Andrés Galeano. Ambos habían registrado movimientos por hasta $3.100.000 en las cajas donde se les depositaba el sueldo.
El oficial, ante la supuesta situación irregular informó de las sospechas a su entonces superior, el director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Germán Montenegro, quien ordenó, en septiembre de 2015, que se inicie una investigación interna respecto a la veracidad de la información recibida en forma extraoficial.
Luego de varias semanas de cruzamientos de información entre la base de datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), de organismos bancarios y de la propia fuerza, se concluyó en un informe básico con el que se realizó una denuncia por posible lavado de activos contra los dos policías involucrados.
El escrito fue enviado a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y a la Fiscalía Federal de Resistencia, cuyo titular es Patricio Sabadini. Fuentes judiciales consultadas por NORTE de Corrientes aclararon que el gerente del Banco de la Nación no hizo denuncias, porque cuando se le solicitó que ratifique sus dichos en una declaración escrita se negó. Fue un comentario realizado en forma verbal que fue tomado por los oficiales de la PSA.
Lejos de rechazar la exposición verbal del administrativo bancario -o desestimarla por poco veraz- los funcionarios policiales pusieron atención en el comportamiento de los subalternos. Notaron entonces que algunos de ellos solían realizar viajes al exterior y movilizarse en vehículos de alto valor en el mercado. Un efectivo de una fuerza de seguridad no percibe un sueldo superior a los $30.000 en promedio. Es imposible que se pueda acceder con ese salario a vehículos de alta gama y motocicletas valuadas en medio millón de pesos.
Esa exteriorización de bienes le dio cierto crédito a lo que comentó el gerente y fue lo que impulsó a investigar, explicaron fuentes conocedoras de la causa judicial. En diciembre del año pasado, la Procelac y la Fiscalía Federal de Resistencia recibieron un informe preliminar de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Fue cuando se abrió una causa judicial. El trabajo del Ministerio Público consistió en, primero, confirmar todos los datos brindados por la PSA, y luego avanzar en varias líneas de investigación para detectar a las demás personas involucradas, el modo en que operaban, los montos que manejaban y fijar la tipificación de los delitos. Esta tarea demandó casi un año de trabajo.
La primera tarea a la que se abocó la Fiscalía Federal bajo las órdenes de Patricio Sabadini fue identificar a los funcionarios públicos que pudieron haber intervenido en operaciones ilícitas de dinero.
Los primeros efectivos sindicados como sospechosos fueron Andrés Galeano y Laura Andreau.
El primero de ellos, según surge del expediente, “además de su relación con la PSA no registra inscripción en otra actividad económica”, y percibía un sueldo “promedio”. Sin embargo, tenía dos vehículos de alta gama a su nombre.
Los datos brindados por entidades bancarias revelaron que durante 2013 recibió depósitos por $785.478; las recepciones de 2014 sumaron $4.280.565; en 2015 hubo movimientos por $4.883.937, y hasta mediados de 2016 había operado $1.346.463. Además registró compras con tarjetas de débito en Paraguay y Brasil por $1.956.076 entre 2013 y 2016.
Mientras, las acreditaciones bancarias de Laura Andreau registraban aportes de $565.981 durante 2013; en 2014 había un saldo total de $3.748.760 y en 2015 hubo movimientos por $1.286.625.
“Surgen compras con tarjetas de débito en Paraguay por $1.217.607”, justificaron los investigadores al pedir su inclusión como sospechosa en la causa.
El recibo de sueldo a su nombre revela que percibía una remuneración mensual cercana a los $7.400 por su actividad laboral en la PSA. “No se encuentra denunciada otra actividad económica actual ni surge la existencia de bienes registrables a su nombre”.
Otro de los numerarios involucrados es Marcelo Boutet, quien posee acreditaciones bancarias por $362.334 en 2013 y de $2.781.968 durante 2014.
En 2015 $1.139.488; mientras que en 2016 hubo movimientos por $80.605 en enero, $57.689 en febrero, $60.534 en marzo y $73.677 en mayo.
Registra compras en el Paraguay y Brasil con tarjeta de débito por un importe de $1.014.370.
Civiles y uniformados que formaban una asociación
La semana pasada, el Juzgado Federal de Resistencia pidió la detención de civiles y personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el contexto de una causa judicial por enriquecimiento ilícito, contrabando de activos y lavado de dinero.
El pedido de privación de la libertad fue contra Andrés Galeano (efectivo PSA -foto derecha-), su hermano, Abel Galeano (monotributista), Martín Erro (abogado -foto izquierda-), Gabriela López Soto (estudiante), Martín Candia (comerciante), Claudio Toledo (efectivo PSA) y Laura Giselle Andreau (personal civil de la PSA).
Todos ellos fueron citados a indagación por el Ministerio Público y el Juzgado como sospechosos.
Cinco de ellos están detenidos. Erro está prófugo.
Alquilaban cuentas bancarias para comprar dólares en Paraguay.
La investigación que se lleva adelante contra policías aeroportuarios y civiles en Chaco y Corrientes permitió establecer la existencia de una organización que alquilaba tarjetas de débito para simular compras de bienes en Paraguay y Brasil, pero que en realidad era una operatoria para cambiar pesos por dólares en los países donde el precio de esa moneda es menor en comparación al establecido en la Argentina.
Para la Procelac, sin embargo, la maniobra era simple y burda ya que ninguno de los integrantes de la organización ocultaba la existencia de los bienes que adquiría y tampoco de las operaciones que realizaba con su cuenta sueldo. Pero pese a ello, la treta funcionó desde 2013 hasta este año. El primer paso consistía en reclutar personas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para que faciliten sus cuentas bancarias y tarjetas de débito para ser utilizadas en transacciones comerciales en el exterior.
Por el usufructo recibirían un retorno de 1.000 a 2.000 pesos por operación. Una vez disponibles las cuentas, los integrantes de la organización investigada depositaban en ellas cifras millonarias y viajaban con los plásticos de cada cuenta al Paraguay y al Brasil. Una vez en el país vecino realizaban transacciones por medio de posnets en negocios donde, en realidad, recibían dólares.
Una vez que contaban con los billetes los transportaban en automóvil hasta la Argentina, donde, presuntamente, ubicaban ese caudal en cuevas financieras de la región a precio muy superior al que lo habían adquirido, pero menor al precio de venta oficial. Aún es una incógnita cómo llegaban las divisas hasta Corrientes.
Posiblemente los billetes los traían en auto y pagaban sobornos para evitar que se los registre en los controles policiales, suponen quienes tratan de dilucidar la maniobra delictiva. El excedente de esas operaciones les habría permitido comprar al menos diez autos de alta gama.
Gerente implicado
El gerente del Banco de la Nación Argentina, sucursal Corrientes, es investigado por su posible colaboración para que la operatoria de lavado de dinero se pueda concretar. Esto es porque, si bien dio aviso en forma verbal de los movimientos económicos extraños, evitó informar a la Procelac respecto de estas operatorias con las cuentas bancarias de policías aeroportuarios. Le achacan además que evitó realizar una denuncia por escrito y a cumplir con los protocolos. Por estas horas está investigado, aunque no fue solicitada su imputación.
Noche millonaria
Un complejo nocturno de Corrientes fue allanado el viernes. El personal de la Afip y de la Procelac buscaba documentación que podría vincular a los hermanos Andrés y Abel Galeano con esa firma. Es que, según los indicios existentes, los Galeano habrían gastado hasta $20.000 pesos por noche en ese local bailable.
Sospechan que pudieron haber alquilado una parte de las instalaciones para canalizar flujos de dinero. Los propietarios del local niegan cualquier relación con ellos. »Prestamos total colaboración con las autoridades que, de acuerdo a lo informado, están detrás del paradero de una persona que nada tiene que ver con Federico ni Diego Cheme, ni con el Complejo Ribera», dice un comunicado.
Fuente: Norte Corrientes