Tal como informó El Litoral, ayer se desestimó el enjuiciamiento a Mieres. Hubo empate y aunque la presidenta apoyó seguir con el proceso, ese dictamen no logró los dos tercios necesarios. Durante el debate que se extendió por más de tres horas, se escucharon múltiples argumentaciones de ambas posturas y un áspero intercambio de acusaciones entre Rodas y Lezcano.
Con la participación de los nueve ediles, aunque Angel Rodas no podía votar por ser el autor de la denuncia que dio inicio al enjuiciamiento por presuntas anomalías, comenzó la sesión con la lectura formal de los expedientes elaborados por el caso. Primero fue mencionado el referido a los hechos denunciados y luego, recordaron que el pasado 18 de abril el Intendente realizó su descargo.
Inmediatamente después fueron leídos los dictámenes de la comisión de Instrucción que precisamente debía expresar si existían o no causas para avanzar con el proceso, lo cual implicaba una formación de causa y la suspensión por 30 días del jefe comunal para que la Cámara Juzgadora defina la existencia de fundamentos para determinar la destitución del citado funcionario.
Con la firma de Juan Manuel Casaro, Fabiana Pucheta, Mariana Romero y Ricardo Rodas fue expuesto el dictamen en mayoría que postulaba “hacer lugar al pedido de juicio político”. Sobre lo cual fundamentaron que la postura que adoptaron respondía a las documentaciones que probarían las presuntas anomalías y que consideraban que no fueron satisfactorias las respuestas brindadas por el jefe comunal.
Objeciones del oficialismo
Después, fue leído el dictamen en minoría rubricado por Alicia Castillo y Ester Ibarra, quienes sostuvieron que “de las investigaciones realizadas y no habiendo encontrado elementos suficientes para avanzar con el juicio político, aconsejamos su rechazo”. Pero además de expresar su apoyo a Mieres, seguidamente detallaron una serie de objeciones al proceso.
Aseveraron que el Intendente respondió a todas las acusaciones durante su descargo en el recinto y cuestionaron que la base del juicio político sea la denuncia que hace un año un grupo de ediles presentó en la Fiscalía de Saladas. Con respecto a esto, consideraron que si se eligió el camino de la justicia, no era correcto hacer un proceso paralelo. Asimismo, ambas ediles afirmaron que no existen pruebas de la existencia de pagos irregulares y de boletas apócrifas. En este punto hicieron hincapié en que los ediles no son peritos para determinar si una factura fue adulterada.
Debate
A las 21.36 -precisaron a El Litoral- la presidenta del Concejo Mariana Romero realizó la apertura del debate y el primero en pedir el uso de la palabra fue Casaro, quien detalló por qué consideraba que debía seguir el juicio político.
Al principio recordó que el año pasado fue uno de los ediles denunciantes ante la Fiscalía de Saladas y después dio detalles de una de las acusaciones contra Mieres por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Más precisamente, enumeró los contratos otorgados por el Ejecutivo a una empresa sin que se realizara un previo llamado a licitación y rememoró que la citada firma no estaría en regla ante la Afip.
Fabiana Pucheta fue quien expuso después y se expresó en el mismo sentido que Casaro.
Anticipado
Y si bien, luego Ricardo Rodas apoyó las posturas de ambos ya adelantó que era consciente de que no tenían los números necesarios para avanzar con el enjuiciamiento. “Aunque ya tengo conocimiento de como va a ser el resultado de la votación, quiero escuchar los argumentos de cada uno”, aseveró. Haciendo referencia en especial, a los dos ediles que no firmaron ninguno de los dos dictámenes: César Lezcano y Luis Riquelme.
También aprovechó el uso de la palabra para responder los fundamentos brindados por las ediles oficialistas al objetar la injerencia del cuerpo deliberativo en la denuncia contra el Concejo. En ese marco, Rodas recordó que la Carta Orgánica contempla la realización de juicios políticos, afirmó que “no hay necesidad de ser peritos para ver que fueron cambiados números en las facturas” y preguntó: si sólo la Justicia puede actuar ¿nosotros que somos?”. A lo que respondió irónicamente, que de no hacer nada ante una presunta irregularidad, seríamos “la escribanía del Intendente”.
Objeción
A su turno, el edil César Lezcano reconoció que fue uno de los denunciantes en la causa iniciada en la Fiscalía de Saladas contra el jefe comunal pero consideró que ahora se estaba ante situaciones que respondían a la “politiquería”.
Entre otros conceptos, luego cuestionó el trabajo de la comisión de Instrucción, señalando que presuntamente no trabajó de acuerdo a la normativa legal. Y por último, destacó que -de avanzar con el enjuiciamiento- se tendría que hacer al menos otra elección para la consulta popular y eso implicaría un gasto de recursos municipales.
Discusión
Concluida la alocución de Lezcano, Romero aseguró que la comisión de Instrucción trabajó y que estaba disponible la documentación para corroborarlo.
Seguidamente, Rodas pidió hablar y cuestionó los argumentos esgrimidos por Lezcano, definiéndolos como irrisorios. Entre otras cosas, recordó que tiempo antes integró el grupo de concejales que en conferencia de prensa, solicitó al jefe comunal que diera un paso al costado.
En ese mismo, tenor aunque de manera más breve, Casano también se refirió a los dichos de Lezcano, quien también volvió a cuestionar a sus pares que apoyaban la continuidad del enjuiciamiento. Tras los fuertes cruces de palabras, por último, Riquelme habló para argumentar por qué votaba a favor de la desestimación del juicio político.
Al hacer pública su postura, ratificó -tal como informó El Litoral- que finalmente sería desestimado el juicio.
Final anunciado
Concluido el debate se concretó la votación. A favor de la continuidad del juicio: Juan Manuel Casaro, Fabiana Pucheta, Mariana Romero y Ricardo Rodas y en contra, Alicia Castillo, Ester Ibarra, Cesar Lezcano y Luis Riquelme. Ante este empate, votó como presidenta, Romero, quedando el resultado cinco a cuatro.
Se generó un debate sobre si los dos tercios debía calcularse en base a nueve ediles o de los ocho que podían votar. Una cuestión no menor considerando que de eso dependía que siga o se disuelva el enjuiciamiento.
Para generar cierta calma, pasaron a un cuarto intermedio y después Romero anunció que eran seis los votos necesarios para cumplir con los dos tercios y considerando que la votación terminó 5 a 4, se daba por concluido el proceso contra el Intendente. Así, a las 00.45 finalizó la sesión especial.