La banda operaba en el Norte y simulaba dar oportunidades laborales en una compañía de telefonía móvil para quedarse con costosos equipos de comunicaciones

El plan criminal funcionó sin mayores problemas durante siete años. Los delincuentes, después de engañar a personas que buscaban trabajo y de ingresar en forma ilegítima a la base de datos de la empresa Movistar, lograron apoderarse de teléfonos celulares de última tecnología por una cifra cercana a los 50.000.000 de pesos.
Pero en las últimas horas, después de cinco allanamientos en Tucumán, Salta y Jujuy, la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina (PFA) logró detener a los dos principales organizadores de la red criminal.

Los operativos fueron ordenados por el juez criminal y correccional porteño Manuel de Campos, a cargo de la causa. En los procedimientos, los detectives de la PFA recuperaron teléfonos celulares robados a Movistar, computadoras, pendrives y varias cajas de aparatos celulares que, se presume, fueron enviados a Bolivia.
“Se sospecha que esta organización criminal logró apoderarse de, en promedio, 20 teléfonos celulares de última generación por semana”, sostuvo un jefe policial.

Desde Movistar resaltaron que la investigación comenzó por una denuncia hecha por la empresa. “La estafa no se originó por una falla de nuestros sistemas informáticos. Los delincuentes obtenían datos genuinos de la compañía, situación que les permitió concretar su plan criminal”, explicaron fuentes de la empresa.

La causa comenzó cuando la empresa advirtió un faltante de equipos de telefonía celular. En la División Delitos Tecnológicos de la PFA resaltaron la colaboración de la compañía, que permitió agilizar la información.

Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes de la PFA, el plan criminal consistía en captar a personas que buscaban empleo para ofrecer trabajo como vendedores de teléfonos celulares para Movistar. La búsqueda se hacía por medio de páginas de Internet.

“Nunca hubo entrevistas personales. Todas las comunicaciones se hacían por medio de correos electrónicos o mensajes de WhatsApp. Los supuestos empleadores hasta daban por Internet un curso de capacitación de 15 días que los interesados debían abonar con tarjeta de crédito”, explicó una fuente de la investigación.

Una vez que los interesados “aprobaban” el curso de capacitación se pasaba al segundo paso: la prueba en una operación venta.

“De alguna manera que todavía está en plena investigación, los delincuentes ingresaban a la base de datos de Movistar y registraban a los supuestos nuevos empleados y obtenían un usuario y una clave”, afirmó un detective de la PFA.

La gente, agregaron los informantes, estaba convencida de que había sido contratada por Movistar. “Los delincuentes enviaban una autorización para que se retirase de oficinas de la empresa los teléfonos que, supuestamente, debían ser vendidos”, sostuvieron las fuentes policiales consultadas.

Cuando ya tenían en su poder los teléfonos celulares de última tecnología, los supuestos empleados recibían una nueva indicación: enviar los equipos por encomienda a la ciudad de Concepción, en Tucumán.

“Después del envío de los celulares, los delincuentes desaparecían. Ya no contestaban los correos electrónicos y tampoco respondían los mensajes de WhatsApp. En algún caso, para que la estafa no fuera descubierta llegaron a pagarle comisión a las personas que creyeron que habían sido contratados por Movistar”, sostuvo un jefe policial. Los teléfonos celulares que desaparecían del stock de Movistar quedaban registrados a nombre de los supuestos nuevos empleados.

Venta online

“Los equipos de telefonía celular de última tecnología se vendían a nivel nacional por tiendas virtuales. Pero también hubo casos de aparatos que terminaron comercializados en Bolivia. Cuando hicimos los allanamientos, encontramos cajas originales vacías, pero con el número de IMEI del equipo y otros códigos de identificación que permitieron establecer que se trata de los aparatos robados de las dependencias de Movistar”, afirmó el detective consultado.

Después de la denuncia de la empresa de telecomunicaciones, los especialistas de la PFA comenzaron con el rastreo de las llamadas. Las antenas de telefonía celular se activaron en distintos puntos de Tucumán, Salta y Jujuy.

“En los operativos hechos en las últimas horas en el norte del país se logró detener a dos sospechosos, que serían los principales organizadores de las estafas”, explicaron las fuentes consultadas.

Más de tres millones de teléfonos funcionan en forma irregular

La comercialización de celulares robados es uno de los mayores problemas para la seguridad pública. Incluso el hurto o arrebato de un equipo de telefonía móvil puede parecer un delito menor en comparación con otros crímenes más violentos, pero su repetición transforma ese robo mínimo en una complicación importante a la que pone atención el Gobierno.

Es que las autoridades determinaron que actualmente hay más de tres millones de líneas móviles utilizadas en forma irregular con aparatos que fueron adquiridos en el mercado negro. Un promedio de cinco mil celulares son robados cada día en las calles argentinas. Los funcionarios pretenden bloquear esos aparatos al sólo habilitarse su uso con un único chip identificado. Quienes están al tanto de ese proyecto afirman que es fuerte el debate con las prestatarias del servicio y los fabricantes de celulares. Mientras tanto, crece el comercio ilegal.