El Tribunal Supremo del país decretó el estado de excepción en el país, tras suspender las funciones del Poder Legislativo (Asamblea Nacional). Mientras recrudece la crisis social por falta de abastecimiento, la comunidad internacional condena el golpe de estado.

La crisis política en Venezuela es cada vez más profunda.

Desde que en diciembre de 2015 la oposición recuperó por primera vez desde el año 2000 el control de la Asamblea Nacional (AN), en Venezuela se ha desarrollado lo que semeja una larga pelea de boxeo entre, por un lado, el Poder Legislativo y, por el otro, el Poder Judicial, que viene tomando decisiones que repetidamente tienden a favorecer al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El más reciente «asalto» en esta pelea se produjo este jueves a raíz de una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que esta anunció que asumirá todas las competencias correspondientes a la AN, cuyas actuaciones considera nulas por encontrarse en una situación de «desacato» a sentencias anteriores del propio tribunal.

«Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho», se lee en la sentencia emitida el miércoles.

La misma ha producido no solo respuesta de la oposición, sino también una cadena de reacciones internacionales, llegando el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, a anunciar que su país retira de forma indefinida a su embajador en Caracas.

La oposición venezolana, que controla la AN desde las elecciones de diciembre de 2015, respondió a la decisión con dureza y llegó a calificarla de «golpe de Estado», en palabras del diputado opositor Julio Borges, quien convocó manifestaciones.

«Es un golpe de Estado y quiero que el mundo nos ayude y los medios nos ayuden a decirlo con todas sus letras: en Venezuela (el presidente) Nicolás Maduro dio un golpe de Estado», dijo Borges hablando en nombre de la directiva de la AN.

En la capital de Venezuela el descontento por el golpe propinado al poder Legislativo se ha comenzado a palpar. En varias urbanizaciones del este de la ciudad se han producido minúsculas y espontaneas manifestaciones para rechazar la ruptura del orden constitucional.

Un grupo de diputados opositores ha sido el primero en protagonizar una protesta. Se han manifestado ante la sede del Supremo, en el centro de Caracas, contra la sentencia 156 de la Sala Constitucional del TSJ, publicada el miércoles por la noche, que despoja de competencias a la Asamblea Nacional, pero militares y seguidores del chavismo la han reprimido. “Tenemos que salir, protestar y pelear por nuestros derechos… Vienen días muy difíciles para Venezuela”, afirmó Carlos Paparoni, un parlamentario agredido.

COndena internacional

Distintos gobiernos de la región expresaron este jueves su preocupación por la situación en Venezuela, calificada por Luis Almagro como un «autogolpe», luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumiera las competencias del Parlamento; mientras que la Unión Europea solicitó un «calendario electoral claro» en Venezuela y respeto a la Asamblea Nacional.

Estados Unidos denunció que la «usurpación» del Poder Judicial es «una ruptura de las normas democráticas». Además, señaló que el dictamen «daña en gran medida las instituciones democráticas de Venezuela y niega al pueblo venezolano el derecho de moldear el futuro de su país a través de sus representantes elegidos». Por ello, el Departamento de Estado norteamericano concluyó: «Lo consideramos un grave revés para la democracia en Venezuela».

El canciller mexicano, Luis Videgaray, aseguró en Bogotá que su gobierno está preocupado por lo que considera un «deterioro del orden democrático» del país bajo el régimen chavista. El diplomático envió su mensaje luego de una reunión con su homóloga colombiana, María Ángela Holguín.

La representante del gobierno de Juan Manuel Santos también se sumó a la condena. «Rechazamos esta no división de los poderes. Acá es clarísimo que necesitamos unos poderes públicos fuertes, independientes, para poder fortalecer la democracia», dijo Holguín en rueda de prensa. En un comunicado emitido poco después por la Cancillería colombiana, el gobierno colombiano señaló su «profunda preocupación» por la decisión.

El mandatario argentino Mauricio Macri, quien este jueves se reunió con la esposa del preso político Leopoldo López, Lilian Tintori, hizo un «llamamiento a recomponer el orden democrático» y manifestó su preocupación. Además, remarcó la necesidad de que se cumpla un calendario electoral.

Por su parte, Brasil emitió una nota con un tono de condena hacia el dictamen. «El gobierno brasileño repudia la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela que retiró de la Asamblea Nacional sus prerrogativas, en una clara ruptura del orden constitucional», aseguró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

A su vez, el gobierno de Chile expresó su «más alta preocupación» por la decisión de la Corte Suprema. «Esta situación nos lleva a consultar con los países amigos cómo proceder de ahora en adelante», agregó el canciller Heraldo Muñoz, quien también reafirmó lo expresado por 20 países durante una sesión en la OEA en la que pidieron pasos concretos en el organismo para lograr un mayor diálogo y que el país salga de la crisis.

El jefe de la diplomacia chilena señaló que lo que su país quiere «es un entendimiento en Venezuela, que los propios venezolanos resuelvan sus asuntos. Pero claramente esto va en la dirección opuesta».

El Gobierno de Panamá expresó «profunda preocupación» por la decisión del Supremo de Venezuela e hizo un llamado a que en ese país se respete el orden constitucional y la democracia.

La medida adoptada el miércoles por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, «que ha eliminado las facultades de la Asamblea Nacional» del país suramericano, «agrava la situación política, económica, social y humanitaria que vive Venezuela», expresó en un comunicado la Cancillería de Panamá.

«Panamá hace un llamado al respeto del orden constitucional, el respeto a la separación de poderes y los principios de la democracia, y que se den las garantías para la celebración de elecciones democráticas», indicó la misiva oficial.

En Uruguay, legisladores de la oposición emitieron un comunicado en señal de repudio al «golpe de Estado» en Venezuela y pidieron al Gobierno de Tabaré Vázquez aplicar la Cláusula Democrática a ese país.

En la declaración emitida este jueves figuran el Partido Colorado (PC), el Partido Nacional (PN), el Partido Independiente (PI) y el Partido de la Gente.

En tanto, la Unión Europea pidió este un «calendario electoral claro» en Venezuela y llamó a «respetar la Asamblea Nacional y a todos sus miembros», después de las controvertidas decisiones de la Justicia chavista, a través de un comunicado del Servicio Europeo de Acción Exterior.

Más temprano, la Cancillería de Perú anunció el retiro «definitivo» de su embajador en Venezuela. «Es inaceptable lo que ocurre», exclamó el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien condenó la «ruptura de la democracia» en el país.

Por su parte, el secretario general de la OEA denunció «el autogolpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional», órgano que defendió como el «último poder del Estado legitimado por el voto popular».

Ante la situación, realizó un llamado a la región para asumir la restauración de la democracia. «Callar ante una dictadura es la indignidad más baja en la política. La cuestión es sólo entre la libertad y el despotismo», señaló.

También se expresó al respecto el secretario general del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), el diputado panameño Elías Castillo, quien señaló que «no hay democracia sin Parlamento», al ser cuestionado por la situación venezolana. Castillo subrayó el principio de separación de los poderes del Estado y la obligación de que trabajen en «armónica colaboración».

El gobierno de Guatemala emitió un comunicado para reiterar su «convicción de preservar el Estado de Derecho» y el apego a las normas constitucionales. «El gobierno expresa su profunda preocupación», indicó el mensaje, en el que se realizó un llamado a sostener «un diálogo franco, sincero y participativo para la promoción de la concertación política que preserve la paz y las garantías constitucionales».

Crisis social

Venezuela terminó el año pasado con un 550% de inflación y para 2017 se proyecta que será de 741%. A su vez, The Economist sostiene que el PIB se contraerá este año en 7,3%. Hasta ahora, el Banco Central de Venezuela se niega a dar cifras de inflación, PIB y pobreza. Días atrás, el Indice Bloomberg resumió así la crisis venezolana: “Los bajos precios del petróleo han alimentado una crisis que ha dejado los estantes de las tiendas de alimentos vacíos, hospitales sin medicamentos básicos y el crimen violento”. Si entre 2013 y 2014 el precio del crudo se situaba en US$ 100, en 2015 llegó a bajar a US$ 28.

Por eso que en enero pasado Maduro se vio obligado a decretar por sexta vez una “emergencia económica”. Las reservas internacionales también reflejan el caos y la deficiente administración chavista. Si en 2008 la bonanza petrolera le permitió al país aumentar sus reservas en US$ 43.127 millones, en 2016 éstas llegaron a US$ 10.977 millones, las más bajas en 21 años según el Banco Central venezolano.

Además, si los ingresos petroleros en 2014 eran de US$ 40.000 millones, se pasó a US$ 12.000 millones en 2015. Maduro atribuye la crisis a un boicot económico “que incluye ataques contra la moneda y el control de cambios, la fijación de precios especulativos y el contrabando hacia otros países de gasolina y de productos básicos, entre otros”, según la BBC.

Desde 2015, los venezolanos se acostumbraron a un paisaje desesperanzador, con enormes filas para adquirir productos de primera necesidad, con estantes semivacíos en los supermercados, un creciente mercado negro, una moneda cuyo valor cambia de manera dramática todos los días y a un ambiente de alta polarización entre chavistas y antichavistas.

Venezuela ha llegado al extremo de que Pdvsa -que invirtió parte de sus más de US$ 250 mil millones en ganancias (2001 hasta 2015), en programas sociales como la importación de alimentos- ha debido importar petróleo estadounidense. Ello, a pesar del discurso “antiimperialista” de Maduro.

También la semana pasada el Presidente pidió ayuda a la ONU ante la escasez de medicinas, mientras que el gobierno acusó a los panaderos de destinar la harina de trigo a productos no regulados por el Estado.

Fuente: Con información de BBC, El País, Infobar y La Tercera