El juez federal Claudio Bonadio procesó a la expresidenta Cristina Kirchner por la causa Los Sauces y dispuso un embargo sobre sus bienes por $130 millones. Además fueron procesados los hijos de la exmandataria, Florencia Kirchner y Máximo Kirchner, por el delito de «asociación ilícita», y a los empresarios K Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros. Ninguno de ellos podrá salir del país.

El eje de la causa Los Sauces pasa por determinar si Cristina recibió coimas de parte de López y Báez (actualmente detenido y procesado en la causa de La Ruta del Dinero K) a través del alquiler de inmuebles, a cambio de contratos del Estado. Para el juez los empresarios fueron «organizadores» de la asociación ilícita.

En la causa el magistrado investiga «los múltiples vínculos comerciales, financieros y/o laborales», entre la familia Kirchner y los empresarios, que le aseguraron a la inmobiliaria de la exfamilia presidencial el 86 % de la facturación de la sociedad (más de $ 25 millones desde 2009). En tanto, se declaró incompetente para seguir con la investigación y le envió el caso a su par Julián Ercolini, a cargo de la causa Hotesur.

 

 

Por primera vez los hijos de la expresidenta son procesados en una causa por corrupción, que también fueron embargados: Máximo por $ 130 millones, y Florencia, por $ 100 millones. Estas medidas alcanzan además a Báez ($ 130 millones), López y su socio Fabián de Sousa ($100 millones cada uno) y la sobrina de la exmandataria, Romina Mercado ($100 millones). También fue embargado el exsocio de Máximo, Osvaldo Sanfelice, por $ 130 millones.

La exmandataria ya está procesada en otras dos causas: por el dólar futuro (medida que también tomó Bonadio) por la que irá a juicio oral y por corrupción en la obra pública en Santa Cruz en favor de las empresas de Báez y López.

Los argumentos

El juez entendió que se formó una «banda con el objeto de recibir obra pública mediante contratos de locación de la firma Los Sauces SA, propiedad de Cristina Elisabet Fernández, Máximo y Florencia Kirchner por parte de empresas de los denominados grupo Báez, Grupo Indalo, Grupo Sanfelice, Solvencia Crediticia SA y la Asociación Mutual Siempre Joven».

«Sentado ello claramente surge que Cristina Fernández es el jefe/organizador de una banda que, al menos en lo que respecta al hecho aquí investigado, y junto a Néstor Carlos Kirchner y Máximo Carlos Kirchner en un primer momento, de haber armado una empresa denominada «Los Sauces S.A. el 7 de noviembre de 2006″», sostuvo Bonadio.

Según el juez, fue con «el objeto de canalizar dinero ilegítimo como contraprestación, al menos en el caso de las empresas del Grupo Báez, de la obra pública adjudicada ilegítimamente por Néstor Carlos Kirchner y la imputada cuando ejercieron la primera magistratura de la República, al grupo empresario mencionado».

En cuanto a Máximo, el fallo indica: «Con el aval de Cristina Elisabet Fernández y Florencia Kirchner, era el que se encargaba como director o miembro del directorio de Los Sacues SA de celebrar en algunos casos, los contratos de alquiler». «Asimismo, también realizaba, junto a Cristina Elisabet Fernández, transferencias desde la cuenta del Banco de Santa Cruz, entre otras, a la cuenta de Florencia Kirchner en el ‘Banco de Galicia y Buenos Aires’, sin ningún respaldo documental o motivos que las precisen», mencionó el magistrado.
«Por consiguiente, Florencia Kirchner, en su calidad de socia de ‘Los Sauces S.A.’ , tras la muerte de Néstor Carlos Kirchner, y también como miembro del directorio y empleada de esa f irma, recibió en la cuenta N° 4021118-4198-7, del ‘Banco de Galicia y Buenos Aires’, la suma pesos tres millones setecientos mil pesos ($ 3.700.000,00) proveniente de ‘Los Sauces S.A.’, y de la sucesión de Néstor Carlos Kirchner», indicó el juez.

Bonadio recordó que «Los Sauces» no tiene una sede real, no tiene empleados que trabajen para el objeto social de la empresa, y que entre otras cosas, Florencia «no se sabe cuáles son sus tareas, como miembro del directorio o empleada, ni porque cobra un sueldo como empleada cuando claramente no desempeña labores para la sociedad».

Para el juez la maniobra fue «pergeñada» por Néstor, Cristina y Máximo, «quienes también contaron con las sociedades que a tal efecto crearon sus amigos personales Lázaro Antonio Báez, Osvaldo José Sanfelice, y con las que ya tenía el empresario Cristóbal López», y todo organizado por el contador Víctor Manzanares y los escribanos Leandro Albornoz y Jorge Ludueña.